Conducta del Gobierno pone en riesgo la estabilidad democrática del país
La democracia representativa se sustenta en la independencia y funcionamiento de los Órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. El desconocimiento de atribuciones y asumir el control de estos órganos significa desconocer el orden constitucional. El Poder Ejecutivo y Judicial están concentrando las funciones de los Poderes Legislativo y Electoral.
Un Poder Judicial funciona prorrogado en su mandato de 6 años violando los derechos de ciudadanía establecidos por CPE, y anula las elecciones judiciales.
Un Poder Ejecutivo está gobernando por decretos supremos en reemplazo de la ley, solo por contar con la protección del Poder Judicial.
En este sistema de gobernar al margen de la CPE y las leyes, no existen garantías a los derechos de ciudadanía, fundamentales y políticos. Los bolivianos están a merced del poder político, cuando debería ser a la inversa porque la soberanía reside en el pueblo.
Los derechos de ciudadanía están coartados, los ciudadanos no pueden conformar el Poder Judicial mediante el sufragio como manda la CPE, porque hay un fallo judicial que lo impide por encima de las atribuciones privativas de la Asamblea Legislativa.
Los derechos políticos están anulados porque los ciudadanos no pueden ejercer el sufragio puesto que el Tribunal Supremo Electoral también está controlado por fallos. El TSE está sometido a resoluciones judiciales y no al régimen electoral.
Existe un desconocimiento del sistema de gobierno, el gobierno está ejerciendo el poder al margen del estado de derecho. La democracia representativa, expresada en la asamblea legislativa y tribunal electoral, ha sido desconocida por el órgano ejecutivo y judicial, ambos están gobernando al margen de la voluntad ciudadana al ejercer las atribuciones de otros órganos.
La conducta del Gobierno y el Poder Judicial, al coartar los derechos políticos, colocan en riesgo la estabilidad de la democracia, porque existe incertidumbre en la realización de las elecciones judiciales y primarias internas en los partidos, como requisito para las candidaturas a presidente y vicepresidente en las elecciones 2025.
Un fallo espurio, ordena al TSE acompañar un congreso político, organizado y apoyado por el gobierno del MAS, asume las atribuciones de la ley electoral 1096, cuyas atribuciones corresponden solo al TSE. Una orden judicial que ordena fiscalizar un acto al margen de la ley, constituye un acto inédito en la historia de la política boliviana.
Se puede entender que el objetivo final del gobierno del MAS es controlar el Poder Legislativo, para anular leyes y fiscalización y gobernar por decreto, asimismo, controlar el Poder Electoral, vía operadores de justicia, para intervenir los procesos eleccionarios incluida las elecciones 2025 y no abandonar el poder.
El ejercicio de la democracia está en incertidumbre, la realización de los procesos electorales no tendrá ninguna garantía, por injerencia política y judicial en las atribuciones legislativas y electorales. El futuro de la estabilidad democrática está en riesgo y con ello se agravará la crisis económica y política.
Es necesario y urgente recuperar el estado constitucional de derecho.